Inclusión laboral en Chile a 8 años de la ley, una mirada país desde los 40 años de ASPADE
Este 1 de abril se cumplieron 8 años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015, hito que marcó un cambio estructural en la conversación sobre inclusión laboral en Chile. En el marco de los 40 años de ASPADE, esta conmemoración no solo permite revisar avances normativos, sino también observar cómo la ley ha debido encontrarse con la realidad de las personas, de las empresas y de las organizaciones que han trabajado para transformar el acceso al empleo en oportunidades concretas. La propia institucionalidad pública ha destacado que la ley entró en vigencia el 1 de abril de 2018 y que hoy se encuentra reforzada por la Ley N° 21.690, publicada en agosto de 2024.
En ese proceso, ASPADE no ha sido un observador externo. Desde la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral, la organización ha desarrollado una línea de trabajo sostenida en la Región de Valparaíso para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva, articulando formación, acompañamiento, trabajo con empresas y generación de oportunidades reales. En esa trayectoria institucional, ASPADE avanzó con ASPADE Inclusión, proyecto aprobado en 2020 por el Banco de Proyectos, y hoy ejecuta PILA, Programa de Inclusión Laboral de ASPADE, iniciativa aprobada en 2023. De acuerdo con su informe de ejecución, PILA inició en marzo de 2024, finaliza en febrero de 2027 y contempla 108 beneficiarios directos, por lo que actualmente ASPADE transita su tercer año de implementación.
Hablar hoy de inclusión laboral en Chile obliga a mirar el balance nacional con datos concretos. Según el Ministerio del Trabajo, desde 2018 hasta febrero de 2025 se han suscrito cerca de 120 mil contratos en el marco de la ley. Sin embargo, la misma autoridad advirtió que solo el 18% corresponde a nuevos puestos creados bajo esta normativa, mientras que la mayor parte responde a regularización de vínculos laborales preexistentes. Esa cifra muestra un avance, pero también deja claro que el gran desafío país no es solo registrar contratación, sino ampliar de forma efectiva las nuevas oportunidades de empleo.
La brecha se vuelve aún más evidente cuando se observa el panorama general. SENADIS informó, con base en la III ENDISC, que en Chile existen 2.703.893 personas adultas con discapacidad. De ese total, el 40% está ocupado, el 3,9% está desocupado y el 56,1% se encuentra inactivo, es decir, fuera del mercado laboral. Dicho de otra forma, más de la mitad de la población adulta con discapacidad sigue sin participar del mundo del trabajo, lo que confirma que la inclusión laboral continúa siendo una tarea país pendiente.
Desde esa perspectiva, el trabajo de ASPADE adquiere un valor estratégico. La experiencia demuestra que la inclusión laboral no se resuelve solo con una obligación legal, sino con apoyos pertinentes, preparación sociolaboral, acompañamiento técnico y articulación con el entorno productivo. Ese es precisamente el espacio en el que ASPADE ha construido su aporte. En el marco de la ley, la institución ha buscado no solo apoyar a las empresas para avanzar en cumplimiento, sino ir más allá y generar impacto directo en la vida de personas con discapacidad cognitiva, fortaleciendo trayectorias de inclusión sostenibles en el tiempo.
La situación del sector público también muestra que la discusión sigue abierta. El informe oficial de cumplimiento 2024 señala que, de 417 instituciones públicas obligadas a cumplir la cuota legal, solo 162 alcanzaron el 1% exigido, equivalente al 38,85%. Las otras 255 instituciones, es decir, el 61,15%, no cumplieron con la cuota. El mismo documento indica que, de 5.116 plazas reservadas por ley, 3.277 estaban cubiertas y 1.839 seguían pendientes. Aunque el reporte reconoce mejoras respecto de años anteriores, la brecha sigue siendo significativa y confirma que la inclusión laboral requiere mayor profundidad en su implementación.
A esto se suma un dato clave para comprender el momento actual. El reporte oficial del sector público aclara que los resultados de 2024 todavía no reflejan plenamente las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.690, y que 2026 marcará el inicio del primer ciclo de implementación íntegra de esa nueva normativa, cuyos efectos comenzarán a verse en los reportes de 2027. Esto vuelve especialmente relevante el trabajo que hoy desarrollan organizaciones como ASPADE, porque el país ya no solo enfrenta una etapa de instalación de la ley, sino una fase de mayor exigencia en calidad, fiscalización y sostenibilidad de la inclusión laboral.
La nueva etapa normativa empuja justamente en esa dirección. SENADIS informó que la Ley N° 21.690 fortalece los estándares de la ley vigente y establece que la cuota de contratación podrá aumentar de 1% a 2% cuando el 80% de las empresas e instituciones públicas obligadas cumpla con el 1%. Además, reforzó la fiscalización, limitó el uso de donaciones como medida alternativa, exigió protocolos de ambientes laborales inclusivos y obligó a realizar ajustes necesarios en los procesos de reclutamiento y selección. El Ministerio del Trabajo también destacó nuevas exigencias para las empresas, como contar con gestor de inclusión laboral certificado, políticas internas de inclusión y diversidad, programas de capacitación e incorporación de medidas de inclusión en el reglamento interno.
En este escenario, conmemorar los 8 años de la ley desde ASPADE tiene un sentido especial. No se trata solo de recordar una fecha, sino de poner en valor una trayectoria institucional que, en sus 40 años, ha entendido que la inclusión laboral no puede reducirse a una cifra ni a una cuota. Implica abrir oportunidades, pero también sostenerlas; implica contratar, pero también acompañar; implica cumplir, pero sobre todo construir entornos donde las personas puedan desarrollarse con dignidad, apoyos adecuados y participación real. Hoy, con PILA en marcha y con una experiencia acumulada que dialoga con los desafíos del país, ASPADE sigue aportando desde la Región de Valparaíso a una tarea que Chile aún tiene por delante: que la inclusión laboral deje de ser una excepción y se consolide como una práctica efectiva, sostenida y transformadora.